Chiavelli Falavigno para a revista Revista Iberoamericana de Derecho Penal y Criminología - La privatización de los presidios en Brasil - Causas y consecuencias posibles

12/12/2018

 


Introducción

 

En que pese a las diversas facultades de derecho existentes en Brasil, así como el constante debate mediático de asuntos jurídicos, hay una materia que permanece inmune a mayores aportes y discusiones: la ejecución penal. Tal disciplina es, en la mayoría de los currículos, optativa, siendo la mayor parte de los trabajos académicos desarrollados sobre el tema oriundos de investigaciones sociológicas y criminológicas. Los dogmáticos permanecen, por tanto, distantes de cualquier profundización en la materia.


En un país en que la población carcelaria extrapola hoy a los 700 mil detenidos, alcanzando el estatus de ser la tercera mayor del mundo, las violaciones de derechos humanos se repiten en las más diversas esferas, sobre todo porque su clientela es, en la mayoría de los casos, de las clases sociales más bajas.


Se sabe que no todos los crímenes arrestan en Brasil, y eso ya es, desde hace mucho, denunciado por la criminología. Los reclusos responden, generalmente, por crímenes patrimoniales y delitos relacionados a drogas, como apuntan los datos del INFOPEN, siendo estos también los crímenes de los que responden el proceso en prisión preventiva.[1]


Igualmente es necesario que se haga referencia a la polémica figura de la resocialización, la cual se concreta en legislaciones y discursos, pero no adentra la esfera de la realidad.[2] Además de las cuestiones que recaen sobre ese concepto en sí, se sabe que, en Brasil, muchos de los individuos presos no fueron siquiera integrados a la sociedad, por lo que no pueden ser reintegrados. En el caso de la pena de prisión en Brasil, la Ley de Ejecuciones Penales aboga por la resocialización, el Código Penal apunta a la retribución y la Constitución se niega a realizar ese debate.


En el marco de la crisis económica, recientemente fue anunciado por el Presidente de la República, Sr. Michel Temer, la necesidad de que la actividad de custodia de los presos se realizara a través de alianzas entre el sector público y el sector privado.[3] La meta es, según declaración expresa, la reducción de costos.


Se pretende, en este breve ensayo, analizar los datos ya existentes sobre el tema, así como los puntos negativos y positivos del proyecto, los cuales reflejan sus reales perspectivas de colaborar, de alguna forma, para dicha reducción de costos o para el mejoramiento de la calidad de vida de los apenados. Igualmente, se discute sobre los requisitos esenciales que deben constar en una eventual asociación, para impedir que esta se dirija en el sentido contrario de los argumentos que la justificaron.

 

 


I. Los proyectos de ley que tratan sobre la materia

 

Hace algún tiempo, se reanudó el debate sobre la privatización de los presidios en Brasil. Actualmente, hay dos proyectos de ley que discuten el tema: el PLS N° 513 de 2011, en trámite nel Senado Federal, y el PL N° 2694 de 2015, en trámite en la Cámara de Diputados. Mientras que el primero se refiere a la promulgación de una nueva ley que regula el sistema de alianzas público-privadas en el sector, el segundo desea modificar artículos ya existentes en la Ley N° 7210, que dispone sobre la ejecución penal en Brasil (LEP).


Es importante subrayar que la Ley N° 13.190, de 2015, ya realizó algunas de esas alteraciones por medio de los arts. 83-A y 83-B de la LEP, según los cuales actualmente es posible la ejecución indirecta de algunas actividades que ocurren en establecimientos penitenciarios que se relacionan con los siguientes servicios: conservación, limpieza, informática, jardinería, recepción, reprografía, telecomunicaciones, lavandería, mantenimiento de edificios, instalaciones y equipos internos y externos, así como servicios relacionados con la ejecución de trabajo por los presos.


Es importante destacar que, hasta el momento, la privatización se guardia restringida a actividades colaterales, sin interferencia en la disciplina y en el control de los apenados.


 


II. La experiencia brasileña y el movimiento actual en el sistema penitenciario norteamericano

 

En Brasil, actualmente, ya existen algunas penitenciarias que funcionan en asociación con instituciones privadas, como el Complejo de Ribeirão das Neves (MG), siendo disonantes los datos publicados en la prensa acerca de la comparación entre éstas y las instituciones gestionadas de forma integral por el poder pública. Además de las pocas investigaciones sobre el tema, la propia metodología de comparación y los criterios a ser evaluados no se encuentran suficientemente definidos hasta el punto de que tales cifras inspiran la credibilidad necesaria para la expansión de la iniciativa.


Sin embargo, algunos datos obtenidos del sistema penitenciario norteamericano, que ya estableció dichas asociaciones hace años, son poco alentadores, demostrando que hay, actualmente, una regresión en esa tendencia, ya que las quejas de violencia serían mayores en las cárceles privatizadas.[4] En este sentido, cualquier intento de privatización, aunque con la permanencia de la dirección final del establecimiento en manos del Estado, debe ser precedida por un estudio minucioso de las posibles consecuencias del fenómeno, así como con el establecimiento de cláusula que otorgue al particular la responsabilidad solidaria por eventuales daños causados, incluidos aquellos individuales sufridos por los condenados.

 

 


III. La necesidad de una nueva perspectiva

 

Una de las principales cuestiones a ser planteadas sobre el tema es la falacia respecto a la disminución de costes, que parece ser uno de los principales fundamentos para la medida, en las palabras del presidente en ejercicio, Sr. Michel Temer. El problema es que tal economía no se comprueba en la práctica, no solo por los datos oriundos del régimen norteamericano[5], sino también por lo que ya se puede vislumbrar en Brasil, donde el Estado repasa a la institución privada no solo el valor per cápita de internos, pero también el reembolso parcelado del importe de los particulares en la construcción de la estructura.[6] Así, el precio de la privatización se ha mostrado muchas veces superior al del presidio público. Por supuesto que la mejor reglamentación de esta contratación podría esclarecer tal hecho, ayudando en la comprensión de dichos gastos.


En cuanto al argumento de que las condiciones de vida de los presos, sería mejor en las cárceles privadas, que tendrían una mejor estructura, se puede cuestionar lo siguiente: si es obligación del Estado la tutela de los presos en las condiciones de resocialización dicha en la LEP, la delegación de esa función para el sector privado no corresponde, ni de lejos, al cumplimiento de dicha obligación, sino en un reconocimiento público de la total incompetencia del Poder Público en cumplir con su deber. Este camino solo llevará a una privatización paulatina de toda actividad pública, siempre bajo el argumento de "reserva de lo posible".


Además, y, por supuesto, hay que destacar el principal argumento existente contra dicha medida: como inversión que es, el éxito de la empresa será tanto mayor cuanto el número de detenidos, pasando a ser interesante para las empresas que actúen en el sector un incremento de políticas criminales punitivas. Es decir, la hinchazón de la cárcel pasará a ser, para algunos, bastante conveniente. La reducción de la prisión puede pasar a ser vista como el vaciamiento de un negocio, lo que puede acarrear la demanda por más legislación penal, la cual ya se encuentra irracionalmente expandida en Brasil (y nel mundo)[7], sobre todo en lo que se refiere a la imposición de prisiones materiales o procesales en los casos de crímenes patrimoniales y relacionados con drogas, subrayando el ya conocido recorte de renta que predomina en ese sector.




Consideraciones finales

 

Así, cualquier debate sobre la privatización de la actividad carcelaria debe ser hecho de modo ponderado, sin falsos discursos inflamados, basados en supuestos beneficios económicos no comprobados. Además, las ventajas en materia de preservación de derechos humanos, deben ser evaluadas con cuidado, para que el ímpetu no sea solo una forma de descargar el Estado de sus obligaciones más genuinas. Como titular absoluto del poder de castigar en la esfera penal, el mantenimiento de sus custodios de forma digna es, sí, obligación del poder público, so pena de responsabilización por daños o aún concesión de arresto domiciliario. Si no puede castigar de forma digna, que reduzca el ámbito de incidencia de ese poder. Este es, sin duda, un camino.


La sensación de que la privatización pueda ser el "descubrimiento" de la solución ideal para la ejecución penal, que es, sin duda, la mayor herida abierta de todo el ordenamiento jurídico patrio, puede muy probablemente no pasar de una ilusión, escrita con la sangre de los reiteradamente seleccionados por el sistema carcelario brasileño.

 

 


Referencias principales

 

BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. 6° ed., Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia/Revan, 2011. BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12° ed., 3° reimp., Rio de Janeiro: Revan, 2017.

DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. A racionalidade das leis penais: teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005

SANTOS, Ronny Peterson Nunes dos. Privatização de presídios no Brasil: reflexões à luz de um possível recuo da experiência americana. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, Vol. 25, N° 129, págs. 375-405, mar. 2017.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. 3° ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

PRITTWITZ, Cornelius. O direito penal entre Direito Penal do Risco e Direito Penal do Inimigo: tendências atuais em direito penal e política criminal. In: Revista brasileira de Ciências Criminais. Vol. 47. Março-abril de 2004.

WACQUANT, Loïc. Punir os pobres. A nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda punitiva]. Tradução Sérgio Lamarão, 3° ed., 2° reimp., Rio de Janeiro: Revan, 2015.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas. A perda da legitimidade do sistema penal. 5° ed., 5° reimp. Rio de Janeiro: Revan, 2017.

 

 


Notas:


(1) Datos disponibles en: http://depen.gov.br/ DEPEN/ depen /sisdep en/infop en/bases-de-dados/201 6_basefinal_d epen_public acao.xlsx. Acceso al 09.08.2018.


(2) Es importante señalar, en este sentido, el Decreto presidencial N° 9450 de julio de ese año, que instituye cuotas para egresados del sistema penitenciario en empresas que ejecutan contratos públicos. Información disponible en: https://www.conjur. com.br/2018-j ul-25/decret o-garante-em pleo-presos-empresa -contrato-p ublico. Acceso al 09.08.2018.


(3) Informaciones en: https://www.gazetad opovo.co m.br/vida-pu blica/governo-t emer-plan eja-privatizar-gesta-de-pr esidios-cre ches-e-hospital es-d9317pn vvc4jm0wyrf yr3i8t4. Acceso al 09.08.2018.


(4) SANTOS, Ronny Peterson Nunes dos. Privatização de presídios no Brasil: reflexões à luz de um possível recuo da experiência americana. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, Vol. 25, N° 129, págs. 375-405, mar. 2017.


(5) SANTOS, Ronny Peterson Nunes dos. Privatização de presídios no Brasil: reflexões à luz de um possível recuo da experiência americana. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, Vol. 25, N° 129, págs. 375-405, mar. 2017.


(6) "El gobierno de Minas paga R$3500 mensuales per cápita a la empresa GPA (Gestores Prisionales Asociados), que administra el complejo. Pero solo la mitad del valor (R$1750) se refiere al costo del preso y al mantenimiento de la cadena. La otra mitad es reembolso por las inversiones en la construcción del complejo, erigido y equipado por la iniciativa privada, al costo de R$280 millones (valores de 2012)” Traducción libre. Disponible en: https://oglobo.glo bo.com/brasil/c om-tres- anos-pr esidio-priv ado-em-minas-ge rais-na-t eve-rebe lioes-207 40890#ixzz 5Ksoijedaste st. Acceso al 10.07.2018.


(7) Sobre el tema: DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. A racionalidade das leis penais: teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005; SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. 3° ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013; PRITTWITZ, Cornelius. O direito penal entre Direito Penal do Risco e Direito Penal do Inimigo: tendências atuais em direito penal e política criminal. In: Revista brasileira de Ciências Criminais. Vol. 47. Março-Abril de 2004; entre otros.





Fonte: Revista Iberoamericana de Derecho Penal y Criminología - Número 1 - Noviembre 2018

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