{"id":5855,"date":"2026-08-07T16:48:43","date_gmt":"2026-08-07T19:48:43","guid":{"rendered":"https:\/\/francoadv.com\/?p=5855"},"modified":"2026-08-07T16:48:44","modified_gmt":"2026-08-07T19:48:44","slug":"la-deferencia-judicial-y-la-autonomia-tecnica-de-las-agencias-reguladoras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francoadv.com\/es\/la-deferencia-judicial-y-la-autonomia-tecnica-de-las-agencias-reguladoras\/","title":{"rendered":"LA DEFERENCIA JUDICIAL Y LA AUTONOM\u00cdA T\u00c9CNICA DE LAS AGENCIAS REGULADORAS"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Por Paulo Franco<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el art\u00edculo anterior, iniciamos una reflexi\u00f3n sobre la creciente judicializaci\u00f3n de las resoluciones regulatorias en el sector portuario y c\u00f3mo este fen\u00f3meno ha pasado a formar parte de la realidad de las infraestructuras en Brasil. Acudir al Poder Judicial constituye un derecho fundamental garantizado por la Constituci\u00f3n Federal. El desaf\u00edo, sin embargo, no radica en la existencia del control judicial, sino en el modo en que este se ejerce. Es precisamente en este punto donde cobra relieve uno de los conceptos m\u00e1s trascendentes del Derecho Regulatorio contempor\u00e1neo: la deferencia judicial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No es infrecuente que dicha expresi\u00f3n se confunda con una suerte de privilegio otorgado a las agencias reguladoras. En realidad, no representa un blindaje institucional ni una inmunidad frente al control jurisdiccional. Supone reconocer que determinadas resoluciones administrativas son el resultado de evaluaciones t\u00e9cnicas altamente especializadas, cuya revisi\u00f3n exige cautela para evitar que los tribunales sustituyan inadvertidamente al regulador en materias respecto de las cuales la propia ley le ha atribuido competencia exclusiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el sector portuario, esta l\u00f3gica cobra especial relevancia. La Agencia Nacional de Transportes Fluviales y Mar\u00edtimos (ANTAQ) resuelve a diario cuestiones relativas a la ejecuci\u00f3n de contratos de concesi\u00f3n y arrendamiento, el equilibrio econ\u00f3mico-financiero, las revisiones tarifarias, el rendimiento operativo, la fiscalizaci\u00f3n y la ordenaci\u00f3n de la competencia portuaria. Se trata de materias que conciernen a la econom\u00eda, la ingenier\u00eda, la log\u00edstica, la planificaci\u00f3n y la regulaci\u00f3n, adem\u00e1s de, como es natural, al propio Derecho. Desde luego, ninguna de estas decisiones queda exenta del control jurisdiccional; pero fiscalizar la legalidad no equivale a suplantar el criterio t\u00e9cnico de la resoluci\u00f3n regulatoria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta distinci\u00f3n ha sido reiteradamente refrendada por los altos tribunales. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ha reafirmado en diversas ocasiones que corresponde al Poder Judicial examinar la legalidad de los actos administrativos, mas no reemplazar la discrecionalidad t\u00e9cnica leg\u00edtimamente atribuida a la Administraci\u00f3n P\u00fablica, salvo en presencia de ilegalidad, abuso de poder, desviaci\u00f3n de poder o manifiesta falta de razonabilidad. Se trata de un criterio consolidado en distintos \u00e1mbitos de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, pero que resulta especialmente cr\u00edtico en el marco regulat\u00f3rio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pocos supuestos ilustran de forma tan n\u00edtida esta tensi\u00f3n como la controversia relativa a la exacci\u00f3n de la tarifa <em>Terminal Handling Charge 2<\/em> (THC2). La materia fue objeto de profundos debates administrativos en el seno de la ANTAQ y, con posterioridad, de m\u00faltiples acciones judiciales promovidas por distintos actores del sector. Con independencia de la postura adoptada en cada litigio, la controversia puso de manifiesto que el verdadero reto no consiste en eludir el control judicial, sino en ejercerlo sin menoscabar la coherencia y previsibilidad del entorno regulatorio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No es casual que esta visi\u00f3n entronque con la denominada Doctrina Chenery, la cual parte de la premisa de que la validez del acto administrativo debe ser juzgada con arreglo a los propios fundamentos aducidos por la Administraci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano judicial pueda sustituir la motivaci\u00f3n t\u00e9cnica originaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este extremo reviste singular importancia para el sector portuario. El dise\u00f1o de modelos regulatorios, las modificaciones contractuales, el reequilibrio econ\u00f3mico-financiero, los criterios de competencia y los par\u00e1metros operativos dif\u00edcilmente pueden ser evaluados bajo una \u00f3ptica exclusivamente jur\u00eddica. Constituyen decisiones que presuponen un conocimiento t\u00e9cnico especializado y una visi\u00f3n sist\u00e9mica del sector; raz\u00f3n por la cual el legislador encomend\u00f3 dicha competencia a las agencias reguladoras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El problema emerge cuando se traspasa este l\u00edmite. Al sustituir la valoraci\u00f3n t\u00e9cnica del acto administrativo por su propio criterio, el Poder Judicial genera un escenario de incertidumbre que trasciende los confines del proceso judicial. En contratos vertebrados para proyectarse durante veinte o treinta a\u00f1os, la previsibilidad regulatoria se erige en un activo econ\u00f3mico. Los inversores cuantifican los riesgos, los operadores estructuran su actividad sobre la base de reglas estables y el propio Estado depende de dicha confianza para atraer capital privado y ampliar las infraestructuras del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por todo ello, la deferencia judicial no entra\u00f1a un debilitamiento del control jurisdiccional. Al contrario, preserva el cometido constitucional del Poder Judicial al tiempo que reconoce la especializaci\u00f3n t\u00e9cnica de las agencias reguladoras y respeta el reparto de competencias instaurado por el ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tal vez nos encontremos ante uno de los debates de mayor calado para el futuro de la regulaci\u00f3n en Brasil. No se trata de cercenar el acceso a la tutela judicial ni de otorgar facultades omn\u00edmodas a las agencias reguladoras. Se trata de comprender que controlar la legalidad de un acto es sustancialmente distinto de suplantar la t\u00e9cnica que lo fundamenta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Porque, en el \u00e1mbito de las infraestructuras, la seguridad jur\u00eddica no deriva de la ausencia de control, sino de la capacidad de cada instituci\u00f3n para ejercer, con rigor y equilibrio, la competencia que le ha sido atribuida por el ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>*Paulo Franco es socio fundador de Franco Advogados y abogado con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia en litigios de alta complejidad y estructuraci\u00f3n de negocios, con destacada trayectoria en el sector portuario y de infraestructuras. estructuras. de infraestructuras.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Paulo Franco En el art\u00edculo anterior, iniciamos una reflexi\u00f3n sobre la creciente judicializaci\u00f3n de las resoluciones regulatorias en el sector portuario y c\u00f3mo este fen\u00f3meno ha pasado a formar parte de la realidad de las infraestructuras en Brasil. 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