Por Paulo Franco
Al abordar la implantación de una nueva terminal portuaria, es habitual evocar grandes obras de ingeniería, equipos de última generación e inversiones millonarias en infraestructura. Sin embargo, la experiencia demuestra que los mayores desafíos suelen emerger mucho antes de que la maquinaria irrumpa en la obra. La construcción de una terminal comienza, en rigor, con una estructura jurídica capaz de dotar de viabilidad al proyecto. Antes de la ejecución física, resulta imperativo superar una serie de hitos regulatorios, ambientales e institucionales que demandan planificación, coordinación entre organismos públicos y seguridad jurídica para los inversores.
Este escenario se ha vuelto sensiblemente más complejo con la evolución del marco regulatorio portuario. La Ley n.º 12.815/2013 consolidó diversas modalidades de explotación de la actividad portuaria, fijando reglas específicas para los contratos de arrendamiento en puertos públicos organizados y para las Terminales de Uso Privado (TUP). Aunque ambas figuras persiguen ampliar la capacidad logística del país, sus regímenes jurídicos presentan diferencias sustanciales que condicionan de manera directa la estructuración de las inversiones.
En el caso de los arrendamientos portuarios, el desarrollo de nuevas terminales está sujeto a procedimientos de licitación pública, estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental, alineación con la planificación de la autoridad portuaria y una supervisión continuada por parte de la Agencia Nacional de Transportes Fluviales y Marítimos (ANTAQ). Por su parte, las TUP se rigen por un régimen de autorización; no obstante, están igualmente supeditadas al cumplimiento de requisitos legales, regulatorios y ambientales que exigen un elevado nivel de madurez en los proyectos.
En ambos supuestos, el análisis jurídico ha dejado de ser un mero trámite formal para asumir un rol estratégico en la viabilidad misma de las iniciativas. Aspectos vinculados a la ordenación del suelo, las licencias ambientales, la planificación portuaria, la delimitación de competencias entre las distintas administraciones intervinientes y la estabilidad regulatoria inciden de forma directa en el cronograma, la estructura de costes y el atractivo de las inversiones.
Un paradigma de esta complejidad se aprecia en las deliberaciones relativas al proyecto Tecon Santos 10. Más allá de los dilemas de libre competencia que acapararon la atención pública, el proceso puso de manifiesto el alto grado de coordinación institucional exigido para la puesta en marcha de una terminal de gran envergadura. Estudios técnicos, consultas públicas, pronunciamientos de la ANTAQ, dictámenes del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y evaluaciones sobre el impacto concurrencial demuestran que las iniciativas de este calado son el fruto de un sofisticado proceso jurídico y regulatorio mucho antes de materializarse en obras de infraestructura.
Esta realidad evidencia un giro determinante en la comprensión del sector portuario brasileño. Si bien las grandes infraestructuras se siguen definiendo por la excelencia en su concepción, la eficacia en su ejecución y su aptitud para responder a las exigencias logísticas del país, al Derecho le corresponde una función diferenciada pero indispensable: configurar un entorno institucional seguro que permita estructurar, desarrollar y ejecutar tales proyectos con previsibilidad, atenuando la incertidumbre regulatoria y ofreciendo cauces idóneos para la prevención y resolución de controversias a lo largo de la vigencia contractual.
No se trata de arrogar al Derecho un protagonismo que corresponde a la propia iniciativa empresarial. Su cometido consiste en garantizar que la inversión se cimente sobre bases jurídicas firmes, desde la fase de estructuración hasta la explotación de la terminal, contribuyendo a atenuar trabas regulatorias, consolidar la confianza de las partes implicadas y preservar el equilibrio de las relaciones establecidas a lo largo de la vida del contrato. En un ámbito caracterizado por compromisos de capital a largo plazo y contratos de alta complejidad, dicho entorno institucional constituye un factor determinante para la sostenibilidad de los proyectos.
A medida que la infraestructura portuaria brasileña procura dar respuesta al crecimiento del comercio exterior y a las nuevas exigencias logísticas, cobra mayor relevancia disponer de un entorno regulatorio a la altura de dicha evolución. En este marco, el Derecho ejerce un papel de soporte institucional: vertebra competencias, aporta certidumbre a las relaciones entre la Administración Pública y la iniciativa privada, y facilita instrumentos para abordar con máxima seguridad jurídica los retos inherentes a proyectos de esta magnitud, tanto en la fase de desarrollo como durante su ejecución.
En definitiva, el desarrollo de nuevas terminales portuarias seguirá dependiendo de proyectos de calidad, una ingeniería solvente, inversiones cuantiosas y una gestión eficiente. Sin embargo, para que todas estas fases discurran con estabilidad y previsibilidad, resulta imprescindible que se enmarquen en un entorno jurídico sólido, capaz de disipar incertidumbres, blindar la seguridad de las relaciones contractuales y favorecer la continuidad de la inversión. Al fin y al cabo, los grandes proyectos no solo dependen de una ejecución impecable, sino también de marcos institucionales que provean las condiciones idóneas para prosperar.
*Paulo Franco es socio fundador de Franco Advogados y abogado con más de 20 años de experiencia en litigios de alta complejidad y estructuración de negocios, con destacada trayectoria en el sector portuario y de infraestructuras.
