Por Paulo Franco
Ningún puerto amplía su capacidad logística por casualidad. Tras cada nuevo terminal, la ampliación de un muelle o la modernización de una instalación portuaria, subyace un proceso de planificación que, aunque poco visible, incide directamente en la viabilidad, la eficiencia y la longevidad de este tipo de proyectos. En un sector caracterizado por inversiones a largo plazo y por la interacción de múltiples actores públicos y privados, planificar no constituye una mera fase preparatoria; es el pilar que articula la expansión de las infraestructuras, compatibiliza intereses económicos, ambientales y urbanísticos, y sienta las bases para que el crecimiento de la capacidad logística transcurra de manera coordinada y sostenible.
Esta función ha cobrado aún mayor relevancia tras la consolidación del actual marco regulatorio portuario. La Ley n.º 12.815/2013 reforzó la necesidad de que los nuevos proyectos se alineen con la planificación del sector, ya sea a través de contratos de arrendamiento en puertos públicos organizados o mediante la implantación de Terminales de Uso Privado (TUP). Más allá de definir dónde invertir, este esquema busca fijar criterios que garanticen que la expansión de la infraestructura se desarrolle de forma coordinada y sostenible.
La importancia de este proceso trasciende la estructuración puramente administrativa. Una planificación consistente contribuye a mitigar controversias futuras al anticipar aspectos vinculados al uso del suelo, la viabilidad ambiental, los impactos logísticos, la competencia entre operadores y la alineación de los proyectos con las políticas públicas sectoriales. En otros términos, a mayor solidez en la fase de planificación, menores serán los riesgos de impugnaciones administrativas y litigios judiciales susceptibles de demorar inversiones estratégicas.
Un ejemplo emblemático de esta realidad se observa en la ampliación del Puerto de São Sebastião, en el litoral norte de São Paulo. Durante los últimos años, el proyecto estuvo sujeto a intensos debates en materia de licencias ambientales, ordenamiento territorial e impactos sobre las comunidades y ecosistemas locales. La concatenación de impugnaciones administrativas y recursos judiciales terminó por ralentizar la ejecución del proyecto, poniendo de manifiesto que las infraestructuras portuarias no dependen únicamente de capital y capacidad técnica, sino también de una planificación capaz de integrar, desde su concepción, los diversos intereses involucrados.
Como es natural, la judicialización forma parte del entorno institucional de los grandes proyectos de infraestructura. El reto no radica en erradicar totalmente los conflictos, sino en reducir las incertidumbres derivadas de planificaciones deficientes o de la falta de coordinación entre los órganos responsables de la formulación y ejecución de las políticas públicas. Cuando los estudios técnicos gozan de solvencia, los procesos de toma de decisiones son transparentes y las competencias institucionales están claramente delimitadas, se refuerza la legitimidad de los actos y se reduce sustancialmente la probabilidad de litigios que comprometan la ejecución de los proyectos.
En este contexto, la planificación portuaria deja de ser una fase previa para asumir un rol estratégico en la gobernanza de las infraestructuras. Su cometido principal radica en orientar la expansión de la capacidad logística, dotar de racionalidad a las resoluciones administrativas y generar condiciones de mayor previsibilidad para el desarrollo de las inversiones públicas y privadas.
En la medida en que el comercio exterior brasileño exige puertos más eficientes y una mayor capacidad operativa, se vuelve indispensable una planificación crecientemente integrada en sus dimensiones regulatoria, ambiental y económica. Dicha integración no elimina las divergencias, pero sí permite abordarlas bajo un prisma estrictamente técnico, minimizando demoras y fortaleciendo la confianza de los actores involucrados.
La expansión de la infraestructura portuaria seguirá demandando capital, innovación y rigurosa capacidad de ejecución. Sin embargo, difícilmente arrojará resultados consistentes si no se fundamenta en una planificación capaz de anticipar desafíos, articular instituciones y brindar seguridad jurídica a decisiones que surtirán efecto durante décadas. Al fin y al cabo, en el ámbito de las infraestructuras, crecer no consiste simplemente en construir más, sino en construir mejor: con visión de largo plazo y sobre bases institucionales lo suficientemente sólidas para sostener el desarrollo del sector.
*Paulo Franco es socio fundador de Franco Advogados y abogado con más de 20 años de experiencia en litigios de alta complejidad y estructuración de negocios, con destacada trayectoria en el sector portuario y de infraestructuras.
